El concepto de responsabilidad social se fundó para calificar aquellas acciones de las empresas que trascienden sus obligaciones jurídicas, responden a criterios éticos de comportamiento y son compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad. Hoy este concepto ha adquirido otra dimensión y tiene una aplicación muchísimo más amplia, que abarca no sólo a las sociedades con fines de lucro, sino a todo tipo de organización y hasta el comportamientodiario de cada individuo.
Si bien aplicar el concepto de responsabilidad social a la gestión pública pareciera tener sus limitaciones (en tanto su fines la utilidad social y no la utilidad monetaria, como sí lo es el de la empresa), lo cierto es que el Estado juega un rol importanteen la implementación de la responsabilidad social en la sociedad. Si bien su enfoque es distinto al de las empresas, este es complementario. De hecho, lo recursos del gobierno central, gobiernos regionales y locales destinados a inversión social son tan escasos que uno de los aspectos habitualmente identificados para aplicar la responsabilidad social a la gestión pública se relaciona con el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que funden o articulen las bases para la práctica de la misma por parte de las empresas. Es así que la gestión pública debe facilitar y/o promoverque las empresas empiecen o continúen con sus acciones de responsabilidad social.
Las alianzas entre el sector público y el privado son fundamentales para mejorar la competitividad económica del Estado y, de ese modo, cumplir con todas aquellas necesidades que no pueden ser satisfechas debido a las limitaciones del presupuesto público. Por ejemplo, las políticas de participación de la inversión privada, entre ellas las Asociaciones Público Privadas (APPs), han demostrado ser una buena herramienta para ampliar el alcance del Estado y crear igualdad de condiciones para el desarrollo. Con tal fin, la gestión públicadebe buscar la receta adecuada para que todo proyecto de inversión genere utilidad (rentabilidad) social, reflejada en un mayor bienestar de los ciudadanos.
La responsabilidad social de las empresas puede ser escalada a niveles más altos. Los grandes proyectos impulsados desde la gestión pública deben tener como fin mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y el sector privado no debe estar ajeno a este objetivo. En esa línea, se deben generar las bases para que en las APPs el inversionista sea reconocido como el operador que permitirá llevar esas mejoras a las ciudades y, además, como facilitador para la creación de espacios que permitan la inclusión social. El privado deja de ser un simple proveedor de servicio para ser un socio estratégico del Estado en su tarea de generar desarrollo.
A través de estas alianzas, el Estado podrá imponerse metas de desarrollo económico, social y ambiental que van mucho más allá de las expectativas acostumbradas y de los requerimientos urgentes. De este modo, una APP debe ser vista también como un mecanismo que permitirá al Estado ampliar su capacidad, dando solución a demandas sociales que autónomamente no podría haber solucionado. Las empresas, por su lado, compatibilizarán sus metas corporativas con el desarrollo de la sociedad.
Está en manos de los gestores públicos promover entre los empresarios una visión compartida de la sociedad que se aspira construir. Así la responsabilidad social será un elemento de mucha ayuda para la concepción y ejecución de proyectos de desarrollo con inclusión.
* Publiqué este artículo en la revista Stakeholders No. 33 en noviembre de 2011.
